Friday, April 15, 2011 | Por Laritza Diversent
LA HABANA, Cuba, abril (www.cubanet.org) – La televisión cubana, entre
el 26 de febrero y el 4 de abril de este año, trasmitió cinco capítulos
de la serie de denuncia Las Razones de Cuba, en la que participaron
analistas de Seguridad del Estado y se satanizó el uso de las nuevas
tecnologías de la información.
En un intento de "desenmascarar el carácter mercenario de las acciones
provocativas de los grupúsculos, a partir de importantes testimonios y
revelaciones", se destapó a seis infiltrados en la oposición y la prensa
independiente, a los que gentilmente llamaron agentes encubiertos de
Seguridad del Estado.
El diario Granma también hizo su parte. Al día siguiente de cada
trasmisión, publicó un reportaje, complementando los programas
televisivos. Ambos medios emplearon duros calificativos para referirse
a miembros de la sociedad civil que utilizan internet como medio de
expresión.
Tanto la televisión como la prensa escrita alegaron la existencia de un
conflicto con Estados Unidos para justificar el clima de constante
amenaza y guerra en que el gobierno mantiene al pueblo cubano desde hace
más de 50 años.
En su empeño, quizás no repararon en las consecuencias, o tal vez sí.
Los términos utilizados implican acusaciones graves, entre los que
pueden citarse la de mercenarios y terroristas. Ambas actividades,
reguladas en la legislación penal, constituyen delitos que atentan
contra Seguridad del Estado, y se castigan con penas que oscilan entre 5
y 20 años de cárcel.
Por ejemplo, "mercenario", el término más utilizado, prevé la sanción de
muerte, cuya aplicación fue suspendida el 28 de abril de 2008 por el
gobierno cubano, en el VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista
de Cuba.
Raúl Castro, en las conclusiones del evento, aclaró que el acuerdo del
Consejo de Estado no representaba la "supresión de la pena capital" de
la legislación penal. Reconoció que era una de las armas que tenía el
Estado contra "los verdaderos terroristas, mercenarios al servicio del
imperio".
Los medios de comunicación ejercieron, "conforme a los fines de la
sociedad socialista", uno de los derechos reconocidos en la Constitución
cubana, libertad de palabra y prensa. Sin embargo, sus directores
incurrieron en varias infracciones penales, al permitir en su espacio
que se vinculara a disidentes con el mercenarismo y el terrorismo. Nada
más alejado de la verdad.
"Nadie será sometido a tratos degradantes", consiga la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Este y otros derechos, como el
derecho a la honra y a la libertad y seguridad personal, fueron
violentados por los medios oficiales, en su empeño de desacreditar a los
actores de la sociedad civil cubana. Derechos que incluso están
protegidos por las leyes penales cubanas.
Según el Código Penal, difama quien, ante terceras personas, impute a
otro una conducta o hecho contrarios al honor, que puedan dañar su
reputación o rebajarlo en la opinión pública. También califica como
coacción el que, sin razón legítima, amenace, o por cualquier medio
impida a otro hacer lo que la ley no prohíbe, o ejercer sus derechos.
Según la Constitución cubana: "Todos los ciudadanos gozan de iguales
derechos y están sujetos a iguales deberes". Sin embargo, los cubanos
que sufrieron tales ataques dentro de Cuba están desprotegidos, y
expuestos a la difamación, la amenaza y la ignorancia de las
autoridades, que supuestamente deben velar por la institucionalidad y la
legalidad socialista. De hecho, son ellas las que incitan a los medios a
cometer tales arbitrariedades y, a cambio, les aseguran total impunidad.
http://www.cubanet.org/articulos/la-impunidad-de-la-prensa-cubana/
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