Aparece en La Habana la Demanda ciudadana por otra Cuba

Aparece en La Habana la Demanda ciudadana por otra Cuba
Jueves, Junio 21, 2012 | Por Ernesto Santana Zaldívar

LA HABANA, Cuba, juni, www.cubanet.org -El pasado sábado 16 fue
presentada en público la Demanda ciudadana por otra Cuba —resultado de
la concurrencia de varios proyectos independientes sin que ninguna
persona ni organización en particular pretenda asumir el protagonismo—,
en la que se exige al gobierno cubano, ante todo, la ratificación del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos que ya había firmado el 28 de
febrero de 2008 en la sede de la ONU en New York.

Estado de Sats sirvió de anfitrión para que un panel conformado por
Manuel Cuesta Morúa (Partido Arco Progresista, socialdemócrata),
Wilfredo Vallín (Asociación Jurídica Cubana), Reinaldo Escobar
(periodista independiente) y Elizardo Sánchez Santa Cruz (Comisión
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional), con la conducción
de Antonio Rodiles, expusiera los entresijos jurídicos e históricos del
asunto que reunió en ese día a una nutrida concurrencia.

Wilfredo Vallín dio su explicación de un hecho que no puede ser
comprendido a cabalidad sin conocer algunos aspectos técnicos. La
Declaración Universal de Derechos Humanos es una recomendación de la ONU
que no posee carácter vinculante, y por eso es que este alto organismo
internacional concibió luego el Pacto de los Derechos Civiles y
Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
que son una derivación de aquella Declaración, pero que sí tienen
carácter de obligatorio cumplimiento por parte de los estados, una vez
que se den determinados pasos. La primera firma, sin embargo, posee solo
un significado de intencionalidad. Únicamente si ratifica el tratado
será cuando el gobierno se verá obligado (debido a que en el derecho
internacional los pactos priman sobre el derecho interno de los países)
a adaptar las leyes de la nación de manera que concuerden con la letra
de ese convenio.

Por su parte, Elizardo Sánchez Santa Cruz expresó su satisfacción y su
entusiasmo porque, según él, este resulta ser el primer documento de su
tipo que no proviene de un partido político ni de algún líder opositor
en especial, que no tiene protagonistas visibles, que parte desde un
punto de vista esencialmente ciudadano. "Hace veinticinco años era
imposible encontrar a más de diez personas que manifestaran abiertamente
reclamos como este", dijo Sánchez Santa Cruz, "y hoy son miles de
individuos en Cuba los manifiestan abiertamente sus exigencias. La
prueba más evidente es que en el mes de marzo (alrededor de la visita
del Papa) hubo más de mil detenciones en todo el país".

Reinaldo Escobar, a su vez, se refirió a la índole plural de esta
demanda ciudadana en la que ningún nombre puede ser singularizado debido
a que en este documento no hay, en último caso, sino un "protagonismo
compartido".

Manuel Cuesta Morúa habló de la raíz histórica de los derechos humanos
en Cuba, pues no otra cosa pretendieron nuestros próceres en su lucha
por la independencia de nuestro país. De modo que, aseguró, "la
Declaración Universal de Derechos Humanos es una base suficiente para la
transición cubana y, más aún, para la modernización de nuestra sociedad".

Wilfredo Vallín insistió en lo contradictorio e inexplicable que resulta
el hecho de que el gobierno cubano firme un documento que no solo no se
decide a ratificar, sino que "ni siquiera permite que el pueblo cubano
conozca el contenido de ese pacto, aun cuando es precisamente en nombre
del pueblo, como representante suyo, que rubrica o no cada tratado
internacional. Más aún, el gobierno cubano nunca ha publicado la
Declaración Universal de Derechos Humanos".

Luego de que los cuatro expositores hubieron dado a conocer sus puntos
de vista, se pasó a las preguntas del público, que fueron numerosas e
iban desde una petición de aclaración elemental hasta una clarificación
de algún aspecto legal tratado anteriormente (como hizo la jurista
Laritza Diversent).

La bloguera Yoani Sánchez intervino asumiendo el papel de "abogado del
diablo" e hizo una pregunta capital: "¿Cómo sabemos que esto puede
funcionar?" En efecto, la demanda en sí misma no tiene la menor garantía
de provocar una contestación positiva de las autoridades nacionales y
lleva a una interrogación implícita: ¿Será capaz este gobierno, luego de
más de medio siglo con el control absoluto, de dar un paso que
compromete su intención de perpetuarse en el poder? Algo quedaría en
claro de todas formas: no ratificar el Pacto pondría en evidencia la
falta de voluntad del gobierno para acogerse a la letra de ese convenio.

¿Y qué hacer entonces a partir de ese punto? O sea: ¿Qué pueden hacer
los ciudadanos que suscriben esa demanda?, como preguntó alguien del
público. Reinaldo Escobar fue explícito: No hay por qué imponer una
única reacción o una actitud conjunta: "Que cada cual haga lo que cree
que debe hacer. El que prefiere protestar en la calle, que proteste en
la calle; el que prefiere escribir su opinión, que la escriba; el que
considere que debe gritar, que grite; el que prefiere rezar, que rece".

Especial connotación tuvo la intervención del destacado líder opositor
René Gómez Manzano (Corriente Agramontista), quien se refirió con
determinación al carácter inalienable de los derechos humanos, atributo
de toda persona por el simple hecho de serlo y que ninguna autoridad
tiene el poder de negar, otorgar o siquiera interpretar, además de que
ocurre en el plano internacional que cada vez es mayor el consenso en
cuanto a la legalidad que en sí misma porta la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

En definitiva, no quedó ninguna duda de que existe un sector de la
ciudadanía que no está exigiendo derechos, sino que en la práctica ha
comenzado ya a ejercerlos independientemente de las presiones y amenazas
de las autoridades, sobre todo en lo que respecta a la libertad de
expresión y de asociación. De manera que el gobierno cubano solo tiene
que desistir de sus esfuerzos por impedir la realización de esos
derechos y rendirse a la realidad de que, como el estado es posterior al
ser humano y en definitiva una creación suya, no tiene función más
esencial que la de proteger la libertad y la igualdad con las que —por
encima de toda circunstancia política, religiosa, geográfica, racial o
de cualquier otro tipo— nacen las personas. La igualdad y la libertad no
son atributos ni recursos que ningún estado pueda administrar u otorgar
según sus temporales intereses: son nada menos que una condición
inherente a todos y cada uno de nosotros.

Esta Demanda ciudadana por otra Cuba proclama, entre otros puntos, que
"como cubanos, hijos legítimos de esta tierra y parte esencial de
nuestra nación, sentimos un profundo pesar por la prolongada crisis que
vivimos y la demostrada incapacidad del gobierno actual para realizar
cambios de fondo. Esto nos obliga, desde la sociedad civil, a buscar y
demandar nuestras propias soluciones".

Y continúa: "Los ingresos miserables, la escasez de alimentos y
vivienda, la masiva emigración por falta de oportunidades, la
discriminación del pensamiento diferente, la ausencia de espacios de
debate público, los arrestos arbitrarios, la falta de garantías
ciudadanas, la corrupción y la inamovilidad de la elite gobernante, son
algunos síntomas de la difícil realidad que enfrentamos".

Más adelante precisa el texto: "Sobre la base de que la Constitución
establece, en su artículo 3, que en la República de Cuba la soberanía
reside en el pueblo del cual dimana todo el poder del Estado, y, en su
artículo 63, que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y
peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas
pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley".

Además, el documento demanda al gobierno cubano "que ponga en práctica
de inmediato las imprescindibles garantías legales y políticas
concebidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que
ratifique el Pacto de los Derechos Políticos y Civiles y el Pacto de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, lo
cual garantizaría el pleno respeto a los ciudadanos sin importar cuáles
sean sus ideas o su accionar político-social, y que sean restaurados sus
derechos a todos los que por sus opiniones discrepen del gobierno.
Consideramos estos derechos esenciales en la formación de una Cuba
moderna, libre y plural, que nos acoja a todos por igual e inserte
nuestra soberanía en un mundo dinámico y cada vez más global".

El texto precisa también algo que, por elemental, no deja de ser
notable: "Invitamos a todos los cubanos dentro y fuera de la Isla,
identificados con estas demandas, a sumarse a este reclamo justo y
necesario".

Como conclusión, el documento advierte: "Estamos dispuestos a no aceptar
el silencio institucional, considerando como respuesta a esta demanda la
ratificación de los pactos mencionados".

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