Cubanos?

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Sociedad
¿Cubanos?
Laritza Diversent
La Habana 26-04-2012 - 10:20 am.

Disposiciones legales y actos del gobierno estimulan la xenofobia
alrededor de la migración interna.

La discusión entre lectores en la sección semanal "Cartas a la
Dirección" del diario Granma, sobre la migración de otras regiones de la
Isla hacia la capital, llama a la reflexión sobre actitudes
discriminatorias y xenófobas que se enraízan en la población.

"No podemos darnos el lujo de descuidarnos y que, por negligencia,
provoquemos una abierta migración interna y de una población flotante
que nada aporta y mucho perjudica", comentó Pozo Álvarez, en una misiva
publicada el viernes 23 de marzo.

La Habana —según datos estimados por la Oficina Nacional de estadísticas
en 2010— tiene aproximadamente 2.135.498 millones de habitantes, y una
población flotante superior al medio millón de personas, que la visitan
o viven en ella temporalmente.

Para el comentarista, estas personas, "en su mayoría ilegales",
perjudican "el acceso al transporte público urbano, a los servicios
básicos, la vivienda". "Este estrato social no logra insertarse
adecuadamente, de forma gradual se vuelven portadores de una conducta
antisocial, al atravesar un deterioro paulatino de su comportamiento
individual, y en el peor de los casos terminan cometiendo actos
delictivos", agregó.

Según el lector, la migración proveniente de otras regiones del país es
"el reflejo despreciable de una realidad socio cultural, que de alguna
forma altera el sistema de valores y la imagen de nuestro pueblo". "Se
trasladan malos hábitos, comportamientos inadecuados y modos de vida
incompatibles que son rechazados por la población".

"Aunque se han aprobado decretos que reglamentan estos traslados
espontáneos hacia La Habana, aún existen fallas visibles en su
implementación", afirmó Pozo Álvarez en otro de sus comentarios
publicados el pasado 20 de abril.

El comentarista se refería al Decreto 217 "De Regulaciones migratorias
internas para Ciudad de la Habana".

Dicho decreto impide a las personas provenientes de otros territorios
del país residir en la capital sin previa autorización gubernamental.
Les exige solicitar a los presidentes de los gobiernos locales, a través
de las direcciones municipales de la vivienda, el reconocimiento del
derecho de residencia y, con él, la libertad de circular dentro de la
capital.

Hasta la fecha, más de 17 disposiciones legales implementan su
aplicación. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social prohibió a las
entidades estatales radicadas en La Habana contratar de manera
individual a trabajadores no residentes permanentes en la ciudad. Igual
prohibición estableció para las direcciones de trabajo, respecto al
otorgamiento de licencias, para el trabajo por cuenta propia.

La norma emitida en 1997 por el Comité Ejecutivo del Consejo de
Ministros instituye, además, un sistema de contravenciones personales,
para los casos de incumplimiento. Las multas van desde los 200 hasta los
1.000 pesos en moneda nacional. En todo caso, se exige a los infractores
la obligación de retornar de inmediato al lugar de origen.

Los órganos policiales, las direcciones municipales de la vivienda y las
oficinas del Registro de Direcciones, se encargan de ejecutar la norma
al pie de la letra. Se ha dado el caso de ciudadanos que han sido
multados varias veces por su condición "ilegal", en virtud del Decreto
217, por cada una de estas entidades estatales.

"Es una realidad cruda que golpea e impacta negativamente en la imagen
del país", afirmó, por su parte, Pozo Álvarez. "De mantenerse estas
corrientes migratorias espontáneas, no controladas hacia La Habana, la
vida en la capital será cada vez más adversa e insostenible y eso no
podemos permitirlo".

Las autoridades, por su lado, a veces incluso se exceden en la
aplicación de la ley. Los órganos policiales tienen autorización para
detener, arrestar y deportar a su lugar de origen a las personas
sospechosas de ser ilegales en La Habana, cuando ninguna norma penal
criminaliza la estancia en la capital o la refiere como delito.

Los tribunales revolucionarios, por su parte, llegan al extremo de
declarar en estado peligroso por conducta antisocial a los ciudadanos
que, reincidentemente, violentan las disposiciones del decreto 217. La
aplicación de la medida conlleva hasta 4 años de privación de la libertad.

"La política socio migratoria de nuestro país es muy clara y se
corresponde con nuestras particularidades, por lo que ni remotamente, es
discriminatoria", afirmó un lector del diario Granma. La Constitución,
sin embargo, reconoce que "los ciudadanos… se domicilian en cualquier
sector, zona o barrio de las ciudades…".

No hay dudas. La discriminación y la xenofobia respecto a la migración
interna, son estimuladas por disposiciones legales y por actos del
Gobierno, que en contra de los dictados constitucionales, restringe las
libertades ciudadanas.