Martes, 24 de Abril de 2012 05:56
Escrito por Veizant Boloy González
Cuba actualidad, Boyeros, La Habana, (PD) Agentes de la Seguridad del
Estado en la isla violan a diario lo establecido en la legislación
penal. Bajo la justificación de la debida obediencia a sus superiores
cumplen órdenes contrarias al Derecho. En definitiva los del alto mando
no ensucian sus manos y los secuaces son lanzados a las calles para
maltratar a sus semejantes.
El despliegue policial el viernes 13 de abril fue penoso y
desproporcionado. Supuestamente estarían presentes "elementos
provocadores", en un "juicio grande de droga" según dijo uno de los
oficiales a sus colegas mientras se repartían sus tareas en el operativo.
Ese día se celebró en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre el
proceso legal contra Héctor Riscart (Ñaño) por Tráfico de Drogas, quien
tal parecía ser el más connotado "narco" colombiano. En cambio, a éste
rastafari cubano se le ocupó, en circunstancias dudosas, 65 g de marihuana.
Quizá el Gobierno no ha sacado cuentas del gasto de recursos
innecesarios, según mi criterio, que significa destinar cinco patrullas,
una cifra no precisada de carros estatales con chapa del MININT y una
veintena de agentes vestidos de civil para vigilar y acosar a familiares
y amigos, que desarmados y disciplinadamente, apoyaban a Héctor.
Personas que esperaban afuera por noticias del juicio, pues no fue
permitida su entrada a la instancia judicial.
Otros hechos empañaron la jornada. Un ejemplo de ello fue la detención
arbitraria de Wilfredo Vallin, presidente de la Asociación Jurídica
Cubana. Sin orden de arresto fue esposado delante de sus vecinos y
conducido a la Estación de la Policía de Aguilera.
Acto injustificado para la entrevista ingenua y sin argumentos a la que
fue sometido Vallin, por un joven oficial, cuyo "sobrenombre de
clandestinaje" es Teniente Brayan. Es el criterio de algunos que la
detención de Vallin fue su "prueba final" para graduarse de agente de la
"inseguridad".
Estos creen que su identidad está protegida por el simple hecho de
adoptar nombres falsos. Quien reporta fue "entrevistado" por un tal
Teniente "Adrián" el pasado 11 de abril en la Unidad Policial de Infanta
y Manglar, Cerro, en combinación con el Jefe de esa estación que
permitió ese acto, a pesar de no cumplir ninguno de los particulares del
artículo 86 de la LPP: la citación por medio de cédula expedida por el
Secretario, la cual contendrá los particulares siguientes:
1) expresión del Instructor, Fiscal o Tribunal que la disponga;
2) nombres y apellidos del que deba ser citado y dirección de su
domicilio o lugar donde deba practicarse esta diligencia;
3) objeto de la citación;
4) lugar, día y hora en que deba concurrir el citado;
5) apercibimiento de que si no concurre sin justa causa se le impondrá
multa de cincuenta pesos, y si se tratare de segunda citación, de que
podrá ser acusado por el delito procedente.
El Teniente Adrián refirió que aunque no es instructor, fiscal ni juez,
me citaría y de no acudir, sería para el más fácil mandar un carro
patrullero. Además reconocen que ese no era su nombre real, y que en la
citación no constaría ningún apellido. Violaciones como estas ocurren en
nuestro país, y los ciudadanos, desprotegidos por los operadores del
Derecho, callan y aguantan.
Hechos como estos son expresiones de que las autoridades policiales
están perdiendo la capacidad de razonar, dialogar y entender a la
sociedad en general. Esta situación se torna cada vez más preocupante,
pues involucra a quienes por ley deben ser guardianes del pueblo,
custodios del orden público y garantes de la paz social.
Para Cuba actualidad: veizant@gmail.com
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