Tuesday, August 23, 2011 | Por René Gómez Manzano
LA HABANA, Cuba, agosto, www.cubanet.org -En vísperas de la única
reunión que durante el presente año ha realizado la llamada Asamblea
Nacional del Poder Popular, sesionaron sus comisiones, entre ellas la
encargada de las relaciones exteriores. Según publicó el Granma, ese
órgano invocó la Ley 88, acertadamente bautizada por nuestra prensa
independiente como Ley Mordaza.
Como se recordará, ese cuerpo legal constituyó el plato fuerte durante
la brutal arremetida realizada por el régimen castrista contra la
sociedad civil cubana en marzo de 2003, la Primavera Negra. En aquella
ocasión, fiscales y jueces comunistas también echaron mano al Código
Penal, pero a la Ley Mordaza le correspondió el papel central.
No se trata de que al gobierno de La Habana le resulte imprescindible un
cuerpo legal de esas características. Se sabe que durante las décadas
que precedieron a 1999, año de su promulgación, la inexistencia de la
Ley 88 no impidió ni obstaculizó en forma alguna la aplicación
consecuente de la represión contra toda manifestación de heterodoxia.
La historia nos enseña que la ausencia de un precepto legal que
contemple una conducta delictiva específica, no ha evitado que el
régimen totalitario reprima y sancione a largos años de cárcel a
aquellos que, por su postura contestataria, incurren en su desagrado.
Con toda probabilidad, la muestra más significativa de ello son las
largas penas de prisión que, como presuntos autores de un delito contra
la integridad y estabilidad de la Nación, se impusieron durante lustros
a todos aquellos que simplemente intentaban abandonar el país sin
cumplimentar las formalidades legales.
A esos compatriotas se les condenaba en base a una arbitraria ficción:
Aunque la inmensa mayoría de los fugitivos se limitaba a iniciar una
nueva vida en el país de acogida, los llamados tribunales
revolucionarios dictaban sentencias afirmando que el propósito de todos
los capturados era incorporarse a grupos armados para retornar a Cuba en
son de guerra…
Por ende, a los tribunales castristas no les resulte indispensable la
vigencia de la Ley 88 para reprimir; pero es escandaloso que, en pleno
siglo XXI, se declare delincuente al que simplemente "colabore por
cualquier vía con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u
otros medios de difusión extranjeros", como plantea el mencionado texto
legal.
Por supuesto que la decisión adoptada por la comisión parlamentaria
tiene que despertar la irritación y el rechazo de nuestra ciudadanía y
de los demócratas extranjeros. Aun el solo hecho de que esos temas se
hayan tratado en el órgano legislativo constituye una muestra
irrefutable de la permanente voluntad represiva del régimen.
Es verdad que, tras el abrumador rechazo internacional que despertó la
Primavera Negra de 2003, parece poco probable que el actual gobernante
Raúl Castro se embarque en una nueva aventura similar a aquélla, máxime
con el estado calamitoso en que se encuentra la economía de nuestra
Patria. No hay que olvidar que fue el mismo general-presidente quien
decretó la excarcelación de los presos de conciencia hace pocos meses.
Pero aquí cabría hacer el comentario: Con estos comunistas uno nunca
sabe. Es por eso que la opinión pública debe permanecer atenta a las
acciones que puedan derivarse de ese imprevisto debate parlamentario y
de la publicación de la nota de prensa que sin dudas persiguen el
objetivo de inspirar temor en nuestros descontentos ciudadanos.
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