Reformas e Izquierda en Cuba. Miradas al presente
La izquierda cubana "del Siglo XXI" tendrá que asumir la defensa de los
numerosos perdedores que traerán las reformas, y que se sumarán a los
miles de trabajadores y localidades del país ya empobrecidos en las
últimas dos décadas
Armando Chaguaceda, México DF | 16/12/2011
En estos días en que el sitio Havanatimes está publicando fragmentos del
sugerente (y seguramente imprescindible) libro de Sam Farber sobre la
revolución cubana, varios amigos —residentes en la Isla y en su
diáspora— hemos intercambiado ideas sobre el rumbo de las reformas en
Cuba. Hemos debatido sobre la(s) postura(s) que, frente a estas, debería
tener cualquiera que se reclame de izquierda(s) distinguiéndose
simultáneamente del socialismo de Estado vigente en la Isla y de la
propuesta neoliberal. A partir de ese intercambio nacen estas "notas".
En este diálogo encontramos que las visiones parciales o polarizadas no
permiten captar la esencia de los cambios en curso. Algunos analistas
presentan estas reformas como una mera continuidad, maquillada, del
modelo económico y político que ha regido por el pasado medio siglo la
vida de los cubanos. Otros, la explican como una mutación trascendental,
una suerte de Revolución en la Revolución, donde "líderes y masas"
marchan en perfecta sintonía de velocidad, horizontes e intereses. Unos
ignoran, al defender la idea de equidad, los graves problemas del modelo
aún vigente que hacen insostenible —sin subsidios externos— las
modalidades conocidas de ciertas políticas sociales; otros asumen —con
entusiasmo adolescente— los nuevos aires de cambio ignorando que
asistimos a una reformulación de la hegemonía estatal sin las
correspondientes ampliaciones de derechos y participación ciudadanos.
Lo que acontece a partir de 2008 es, a juicio de este columnista, una
lenta y aún inacabada mutación del modelo clásico de socialismo de
Estado a otro más cercano a las experiencias asiáticas. En este último,
el mercado amplía su presencia sin que ello signifique una disminución
drástica de la capacidad del Estado (y de la burocracia en tanto
estamento que lo controla) para imponer su agenda en áreas clave de la
esfera económica (como la gran industria, el transporte y las
comunicaciones) así como en otras vinculadas a la información,
organización y orden públicos en las cuales su presencia —no así su
eficacia— es cuasi monopólica. En las reformas en curso no está en
discusión el tipo de régimen político construido durante el medio siglo
pasado, pues asistimos más a una suerte de liberalización económica (con
su correlato de ampliación de ciertos espacios de acción individual
anclados en la esfera económica) que a una democratización relevante e
institucionalizada, pluralizadora de la vida y de los actores políticos,
que derogue —de forma paulatina y relevante— el orden sociopolítico
autoritario vigente en la Isla.
La (pre)visible ampliación de espacios de mercado —que dinamicen la
producción y provisión de bienes y servicios de la gente frente al
monopolio asfixiante e ineficaz del Estado— es positiva, tanto para la
sociedad como para el mismo Estado, ya que este podría concentrarse en
aquellas cuestiones verdaderamente estratégicas para el desarrollo
nacional y hacer las cosas mejor. En ese sentido, la expansión de un
sector de trabajo por cuenta propia, de la pequeña y mediana empresa
privada (que, como sabemos, no son iguales al cuentapropismo a pesar de
que en documentos y discursos oficiales ambas modalidades se nos
presenten confundidas e indiferenciadas) y sobre todo del cooperativismo
son pasos importantes, que pueden ser ligados a las medidas tomadas —o
predecibles— a partir de la estrategia reformista en curso. Semejantes
iniciativas conllevarían la expansión de una suerte de "ciudadanía
propietaria" —en tanto condición esta que alude no solo la posesión
formal y efectiva de activos económicos sino de bienes de uso personal y
familiar— lo cual anclará más, creo, la gente a su tierra y la
comprometerá a luchar por un mejor futuro dentro de las fronteras
nacionales. Todo esto, claro está, si el Estado la acompaña de forma
proactiva y no represa nuevamente —como sucedió en los años 90— sus
energías e iniciativas.
Que el Gobierno de Raúl Castro quiera mejorar las condiciones de vida de
la gente, que desee que se consuma más y mejor y que se eliminen algunas
restricciones absurdas es sin dudas algo encomiable, que debe aliviar la
suerte de la población cubana. Pero ello no equivale a suponer (como
hacen algunos defensores de la reforma) que los cambios en curso amplíen
el repertorio de libertades y derechos activos y, sobre todo, que
permitan convertir en realidad la consigna de Poder Popular, sustancia
de un inexistente socialismo democrático y participativo. Significa que
la idea que subyace en estas reformas es que un país con gente
materialmente satisfecha es más gobernable.
Una ampliación de la democracia no aparece en el horizonte de las
actuales reformas, con la modesta salvedad de una limitación de
mandatos, hija del sentido común y del conocimiento de la biología. Y
cuando desde una mirada de izquierda apostamos por una ampliación
democrática no nos referimos al modelo de democracia procedimental y
minimalista, que acompañó la implementación del neoliberalismo en la
región. A la democracia podemos reinterpretarla como una deseable
ampliación de la incidencia y cogestión de la sociedad organizada (y de
los ciudadanos como individuos portadores de deberes y derechos) que
acompaña un Estado benefactor, en la defensa y promoción de lo público y
de todos los derechos de la gente. Democracia que rechaza a las
"soluciones" mercantilizadoras y autoritarias que se ofrecen —como
cantos de sirena— a los problemas del desarrollo y del orden social en
las condiciones de la periferia tercermundista.
Cualquier estrategia de izquierda, frente al proceso de reformas en la
Cuba actual, debe insistir en la defensa de las llamadas "conquistas de
la Revolución" —que no son otra cosa que el fruto del trabajo y
sacrificio del pueblo a despecho de las chapucerías y caprichos
burocráticos— en la forma de exigencias concretas de una educación,
salud y seguridad públicas, universales y de calidad. Que cada niño —sea
de Miramar o Palma Soriano— tenga garantizado un buen maestro y
condiciones materiales para educarse, como lo tuvo mi generación, sin
que la política educativa dependa de "Planes Emergentes" carentes de
retroalimentación o de insensibles condicionamientos presupuestales del
Fondo Monetario Internacional. Que las mujeres tengan garantizado el
derecho a decidir sobre su cuerpo, sin ver criminalizada su decisión por
poderes seculares o eclesiásticos. Que los profesionales de la salud
devengan un ingreso decoroso, sin verse tentados a emigrar a países del
Norte, a enrolarse en Misiones Internacionales o vender, de forma
ilegal, sus servicios a los connacionales, como vías para obtener
recursos que les permitan adquirir medios de vida y bienes de consumo. Y
que cuando la Libreta —ese símbolo de la "pobreza planificada"—
desparezca, por decreto o desangramiento, sea solo porque los
trabajadores puedan ver hecha realidad la máxima socialista que reza "de
cada quien según su capacidad, a cada quien según su trabajo".
Al tiempo, los socialistas tenemos que acompañar las reformas actuales
con otras propuestas operativas y concretas de políticas de
transparencia, rendición de cuenta y participación de la gente en la
toma de decisiones a todo nivel y en la constitución de sujetos
económicos y políticos —comunitarios, cooperativos, asociativos—
alternativos tanto al orden vigente como a los encantamientos
neoliberales. Para hacer concretas y sustentables semejantes iniciativas
habrá sin duda que echar mano no solo al acervo propio, sino también
tomar en cuenta —sin que ello equivalga a diluir esencias— las mejores
propuestas del pensamiento demoliberal, del socialismo democrático, del
cristianismo social y de los movimientos populares, por solo mencionar
algunas de las corrientes que pululan, activas, por la región y el
mundo. Y también dialogar, con mutuo respeto y sin exclusiones ni
mimetismos, con sus exponentes en la Isla, pues solo la comunicación y
la solidaridad entre los "sin poder" permitirá una comprensión de los
verdaderos horizontes, semejanzas y diferencias entre nuestras agendas,
impidiendo su manipulación por todos los gobiernos y poderes fácticos
(empresariales, mediáticos, religiosos) involucrados en la "cuestión
cubana".[1]
Simultáneamente, la izquierda cubana "del Siglo XXI" tendrá que asumir
la defensa de los numerosos perdedores que traerán las reformas, y que
se sumarán a los miles de trabajadores y localidades del país ya
empobrecidos en las últimas dos décadas. Por último —pero no por ello
menos importante— es ineludible incorporar a nuestros discursos y
acciones problemáticas poco asumidas por nuestro legado ideológico y
organizativo, tales como la de los Derechos Humanos (que no pueden ser
administrados o sesgados, a despecho de su universalidad e integralidad)
y la expansión de identidades particulares —de género, raciales,
socioambientales, contraculturales— que no encuentran cabida en el
modelo de socialismo estatista ni tampoco en las derivas a las
previsibles formas de mercantilismo autoritario e inserción subordinada
(típico de república bananera) que nos reserva el mercado global.
Seguramente esta no es una agenda que reconforte a capos, mesías y
mercaderes, pero puede servir de brújula para conducir algo digno de
llamarse izquierda por mejores rumbos, poniendo proa al futuro de la nación.
[1] Un ejemplo de este diálogo sin exclusiones ni mimetismos lo
constituye el Festival Poesía Sin Fin y la Feria de Proyectos
Alternativos, que actualmente se desarrolla en la Habana bajo la
convocatoria del colectivo OMNI-Zonafranca.
No comments:
Post a Comment